“Los mexicanos no se conforman”: un año del caso de Ayotzinapa

(Fuente, Diario EL ESPECTADOR)

La fiscal colombiana Ángela Buitrago es una de las cinco expertas internacionales que investigan la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.

 
La fiscal colombiana Ángela Buitrago investiga el caso mexicano. / Óscar Pérez

Después de 20 años, Ángela Buitrago logró encontrar pruebas contundentes en uno de los casos más polémicos de la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985.
Documentó la desaparición de 11 personas y sus investigaciones demostraron que la acción militar para retomar el edificio fue desproporcionada. Hoy investiga el destino de 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa, México.

La exfiscal colombiana ante la Corte Suprema de Justicia, experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), junto con otros cuatro expertos internacionales. A un año de la desaparición de los estudiantes, 20 días del informe del GIEI y a punto de comenzar la segunda parte de su investigación, la experta colombiana asegura que “México no va a dejar que el caso de los estudiantes quede impune”.

Hoy se cumple un año de la desaparición de los 43 y todavía no hay un resultado definitivo. ¿Qué certeza hay hasta ahora?

La certeza de que los muchachos estuvieron en Iguala de forma circunstancial. Ellos iban a Chilpancingo para tomar unos buses y llegar a una manifestación en México. Allí la policía federal se los impidió y terminaron llegando a Iguala. La noche del 26 de septiembre, hacia las 10:40 de la noche, los muchachos fueron bajados por la policía de los buses y retenidos. Está la certeza de la forma y el procedimiento del ataque masivo, indiscriminado, con todas las armas posibles, y de que ellos iban desarmados. Esa información y otra más nos llevará a conocer el destino de los normalistas. Los mexicanos no se conforman. Ellos no se acostumbran a lo que nos acostumbramos nosotros. México no va a dejar que la desaparición de 43 estudiantes quede impune.

¿Cómo terminó formando parte del grupo que investiga los hechos en Iguala?
Esa es una decisión que tomaron el gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los padres de los desaparecidos, que escogieron los nombres de una lista.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos en la investigación?
Nosotros estamos en México por decisión del gobierno de ese país y de las víctimas, para verificar la investigación de la Procuraduría General de México (PGR). Recibimos un mandato para evaluar la investigación de acuerdo con los estándares internacionales. El principal obstáculo hasta ahora es que no hemos podido entrevistar a los miembros del Batallón 27 de Iguala; de resto, la colaboración de la PGR ha sido total, especialmente de Arely Gómez, la procuradora, quien ha acogido todas las recomendaciones.

El informe del GIEI revela cómo el narco ha permeado las instituciones mexicanas. ¿Qué tanto dificultó esto el trabajo?
Ya elaboramos el primer nivel de investigación. Ahora se están pidiendo nuevos niveles de pesquisas para saber quiénes están implicados en los hechos. En el primer nivel está la policía municipal de Iguala y Cocula, un cuerpo de seguridad que participó en los hechos del 26 y el 27 de septiembre, realizando un ataque masivo indiscriminado. Hay otros actores y necesitamos que se indaguen todas las hipótesis posibles.

La principal conclusión del informe que presentaron es que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, hace unos días la PGM identificó a un segundo estudiante. ¿A qué teoría creerle?
Lo que hacemos frente al tema, con el perito José Torero, es desechar la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Frente al reconocimiento que se hizo de un resto óseo que apareció en el río San Juan, distante del basurero, no tenemos discusión. Ese proceso lo hizo el instituto Insbruck, de Austria, y el método aplicado tiene una certeza del 99% frente a la identificación de Alexánder Mora Venancio. En cuanto a la segunda investigación, la de Jhosivani Guerrero de la Cruz, no hemos tenido acceso. Esta semana llegamos a México para revisarla, pero, por lo que dice la Procuraduría, se entiende que en el segundo caso hay una escasa verificación. Para nosotros las cosas no han variado: José Torero certifica que no hubo incineración de los 43 en el basurero.

Ya les prorrogaron el mandato para continuar la investigación seis meses más. ¿Qué sigue ahora?
La prórroga está dada en el sentido de que el Gobierno quiere prorrogar. No nos hemos sentado a discutir el tema; esto se hace esta semana. Un punto que tenemos que establecer es frente a las condiciones, la posibilidad de acceder a información y la concertación de mecanismos para seguir con el trabajo de evaluar la investigación. La prórroga está aceptada, pero estamos definiendo este tema para continuar.

Si no logran hablar con los militares de Iguala, ¿no siguen?
No me quiero adelantar, estamos evaluando, nos vamos a sentar con el presidente de la República. Para nosotros es importante obtener esa información, porque ayuda a la búsqueda.

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