(Fuente, REViSTA SEMANA)
Al ser aprobada la solicitud de extradición, la situación del exasesor
de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga se complica.
La Fiscalía inició los trámites para
solicitar la extradición de Luís Alfonso Hoyos. El ‘hacker’ Andrés
Sepúlveda es uno de los principales testigos en contra del exasesor
espiritual.
Foto: Daniel Reina Romero / Juan Carlos Sierra
Las cartas están echadas. La suerte de Luis Alfonso Hoyos, quien fue el
principal asesor del excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga,
está en su momento más difícil. Todo porque durante los últimos días se
produjeron una serie de decisiones judiciales muy graves para él. El
tema pasó relativamente desapercibido, en gran medida porque ocurrió en
medio de los escándalos por la contratación en la Fiscalía y los
anuncios del proceso de paz con las Farc.
Todo comenzó el lunes de la semana pasada cuando un juez de garantías
avaló la medida de aseguramiento contra Hoyos. Con ello, aceptó la
petición de la Fiscalía apoyada por el delegado de la Procuraduría. La
acusación al exasesor incluye los delitos de concierto para delinquir,
violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático y
uso de software malicioso.
Aprobada esa medida, el ente acusador tiene vía libre para iniciar los
trámites para pedir la captura y eventual extradición de Hoyos, quien se
encuentra en Estados Unidos desde diciembre del año pasado, en donde se
radicó tras alegar falta de garantías en su proceso y ser víctima de
una persecución por parte de la Fiscalía.
El caso que tiene enredado a Hoyos, exdirector del Sena y exembajador de
Colombia ante la OEA, tiene que ver con su supuesta participación en
las actividades ilegales del hacker Andrés Sepúlveda. Este personaje fue
capturado en mayo del año pasado y, tras celebrar un preacuerdo con la
Fiscalía, aceptó cargos y fue condenado a diez años de cárcel. Sepúlveda
reconoció, entre otros delitos, haber comprado información confidencial
a militares y policías para usarla en su momento contra el proceso de
paz y las campañas rivales.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Hoyos tenía pleno
conocimiento de esas acciones ilegales de Sepúlveda e, incluso, fue más
allá al autorizarlo para que accediera al correo electrónico de
Francisco Santos cuando este estaba compitiendo con Zuluaga por la
candidatura del Centro Democrático a la Presidencia.
Los anteriores son algunos de los argumentos con los que la Justicia
planea pedir al exasesor en extradición. La Fiscalía está evaluando dos
caminos. El primero es realizar la gestión directamente, es decir, a
través del Ministerio de Justicia, la Cancillería, el gobierno de
Estados Unidos y la Corte Suprema de ese país. Este es el proceso más
corto. Si el ente acusador decide escoger esta ruta, debe presentar la
medida de aseguramiento y la orden de captura ante las autoridades de
ese país. Así las cosas, tendría respuesta en un tiempo no mayor a cinco
meses.
La otra opción es el proceso por intermedio de la Policía Internacional
(Interpol), trámite que comenzó el martes pasado al solicitar la
circular roja que formaliza la orden de captura fuera de las fronteras.
Este proceso es mucho más largo, pues la petición va a las oficinas
centrales de Interpol en Francia donde, esa entidad, luego de estudiar
el caso, determina si se avala la expedición del documento, lo difunde a
los 180 países miembros de esa entidad y, finalmente, hace efectiva la
captura.
Si bien desde diciembre Hoyos empezó a tramitar un asilo en Estados
Unidos, el proceso apenas está comenzando y generalmente es demorado. El
exasesor espera obtener ese estatus tal y como lo consiguieron en su
momento el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, y el exministro de
Agricultura Andrés Felipe Arias. No obstante, la diferencia es que
estos dos exfuncionarios comenzaron las gestiones con mucha más
anticipación que Hoyos.
El abogado del exasesor apeló la decisión al tiempo que sus antiguos
compañeros y algunos integrantes del uribismo rechazaron la medida. Lo
cierto del caso es que, en este momento, hay una carrera entre la
Fiscalía por acelerar la solicitud de extradición para que comparezca
ante la justicia y el acusado que busca tener asilo político para
protegerse de lo que considera una persecución.
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