(Fuente, Diario EL TIEMPO)
Foto: Archivo / EL TIEMPO
Imagen del recinto del Concejo de Bogotá.
EL TIEMPO había denunciado riesgo de impunidad por polémica decisión de archivar expedientes
Tras el escándalo desatado por la decisión de
tres procuradores delegados que archivaron la investigación
disciplinaria contra 12 concejales y exconcejales de Bogotá,
presuntamente vinculados al ‘carrusel’ de la contratación, el procurador
general Alejandro Ordóñez acaba de ordenar que se reabra ese proceso.
Esa nueva investigación, conocida en exclusiva
por EL TIEMPO, se da en respuesta a un polémico auto del pasado 23 de
julio que, tal como lo advirtió este diario el 13 de agosto, favorecía a
un grupo de cabildantes y excabildantes que venían siendo investigados
por el saqueo a la ciudad durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Con la nueva decisión, que lleva la firma de
Ordóñez, la Procuraduría abre las puertas para seguir adelante con los
procesos en contra de los concejales Jorge Durán (Partido Liberal);
Javier Palacio (‘la U’); Severo Correa (‘la U’); Julio César Acosta
(Cambio Radical), y Antonio Sanguino (Partido Verde), además de los
exconcejales Édgar Torrado, Fernando López, Fernando Rojas, Henry
Castro, Ómar Mejía, Rafael Escrucería y Jorge Ernesto Salamanca.
A partir de ahora, a todos ellos los
investigarán por hechos ocurridos después de julio del 2010, ya que la
Procuraduría, por vencimiento de términos (pasaron cinco años), archivó
el pasado 23 de julio todas las investigaciones por las actuaciones
ocurridas antes del 2010, es decir, en los primeros años del mandato de
Moreno.
“La investigación de estos hechos no
ha terminado aún, pues siguen apareciendo servidores públicos y
particulares comprometidos en tan aberrantes hechos”, dice el
documento del organismo de control, de 35 páginas. Además, habla de que
el caso del ‘carrusel’ consistió en una “gran empresa criminal que
penetró a todo el Distrito y que tenía como fin el apoderamiento de los
recursos públicos”. “Este despacho continuará con la investigación”, anunció la Procuraduría.
En esta nueva fase, el organismo de control
tendrá en cuenta los testimonios del exsecretario de Salud Héctor
Zambrano, el abogado Manuel Sánchez, los excontratistas Emilio Tapia y
Julio Gómez, además de exfuncionarios distritales y exgerentes de
hospitales que tendrían información sobre las irregularidades cometidas
por los concejales y exconcejales, en la época del ‘carrusel’.
De izq. a der. Arriba: Jorge Ernesto Salamanca, Severo Correa, Antonio Sanguino, Ómar Mejía, Rafael Escrucería y Édgar Torrado. Abajo:
Javier Palacio, Jorge Durán, Fernando Rojas, Fernando López, Julio
César Acosta y Henry Castro. Fotos: Archivo / EL TIEMPO y El Espectador
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Ya hay pistas claras
Todos los testigos han aportado detalles en la Fiscalía y se espera que esas declaraciones sean trasladadas a la Procuraduría.
Este diario conoció que el Ministerio Público
tiene indicios sobre hechos ocurridos en diferentes entidades
distritales que podrían enredar a los investigados.
Además, se tendrá en cuenta de manera
inmediata lo que ha dicho el exsecretario Zambrano, quien
específicamente señaló a Mejía y a Salamanca de haber recibido dineros
del contrato de las ambulancias. Ese testimonio de Zambrano ha sido
clave en la Fiscalía, pues Mejía ya tiene detención domiciliaria por los
mismos hechos y Salamanca aceptó cargos.
De los 12 concejales y exconcejales que
quedaron nuevamente en la mira de la Procuraduría, cinco buscan una
curul en octubre (Durán, Palacio, Acosta, Sanguino y Castro). Por su
parte, Severo Correa no se lanza, pero sí va su hijo, Ricardo Correa,
por ‘la U’.
En
un editorial, el pasado 14 de agosto, EL TIEMPO le había pedido a la
Procuraduría que revisara la decisión de archivar las investigaciones de
los concejales y exconcejales por el ‘carrusel’. Así mismo, el
pasado 20 de agosto, María Mercedes Maldonado, candidata a la alcaldía
por el Movimiento Progresistas, había radicado en la Procuraduría una
solicitud para dejar sin efectos el archivo de los procesos.
Hasta ahora, la Procuraduría ya destituyó a
los concejales Andrés Camacho, Hipólito Moreno y José Juan Rodríguez, y
avanza en los casos de Wilson Duarte y Orlando Parada, quienes
permanecen en prisión.
A la par con los procesos disciplinarios y
penales, el Distrito, en su calidad de víctima, ha reiterado la
necesidad de que la justicia también contribuya con la recuperación de
todos los dineros robados en medio del ‘carrusel’ de la contratación.
El polémico procurador Becerra
Eran tres los procuradores a cargo del caso y
que firmaron el archivo de las investigaciones contra los doce
concejales, mientras el procurador general, Alejandro Ordóñez, se
encontraba en Argentina: Fabio Becerra Heredia, Óscar Alfonso Rodríguez
Barrera y Jorge Enrique Sanjuan Gálvez.
Becerra Heredia, quien funge como procurador
distrital primero, se ha visto en el ojo del huracán por ser el hermano
de Juan Carlos Becerra Heredia, edil de Barrios Unidos por el partido
Cambio Radical y que es también aliado político de uno de los
beneficiados con la polémica decisión, según reveló La Silla Vacía.
Se trata de Julio César Acosta, de la
misma colectividad y quien busca reelegirse en octubre, con Juan Carlos
Becerra como fórmula de campaña. Por los pasillos de la Procuraduría se oyen versiones sobre que el delegado podría salir del cargo en los próximos días.
Contra Becerra cursa también un recurso de
recusación que interpuesto el presidente de la ETB, Saúl Kattán, por
ignorar las decisiones anteriores del Ministerio Público al decidir
investigarlo por tercera vez, por no asistir a las citaciones del
Concejo de Bogotá. Su abogado, Jaime Granados, ha dicho que es Acosta
quien busca la destitución de Kattán.
YESID LANCHEROS
Jefe de Redacción de EL TIEMPO.COM
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