(Fuente, EL UNIVERSAL Cartagena)
Colombianos que regresaron de Venezuela reciben ayudas. // COLPRENSA
El pasado fin de semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
ordenó el cierre de la frontera colombo-venezolana, acusando que la
pobreza e inseguridad que vive esa región del país vecino, obedecerían a
supuestas acciones de paramilitares colombianos que ingresan a esa
Nación.
Decidió deportar a los colombianos que habitaban el sector
fronterizo, acusándolos de ilegales, demoliendo sus casas, con el
argumento de que eso es necesario para evitar que la crisis interna siga
creciendo. Más de cinco mil colombianos retornaron despojados de todo y
permanecer sin regresar al país vecino hasta el día que el mandatario
chavista decida reabrir la frontera y reparar las relaciones con
Colombia, lo que, según dijo, no sucederá pronto.
Aunque del mandatario venezolano se dice que actúa así en un intento
de mantener la mayoría en las elecciones de noviembre próximo, él
insiste que todas las medidas se deben a la necesidad de retornar a
condiciones normales de seguridad.
Porque es verdad que en medio de los miles de colombianos que
trabajaban en Venezuela, también hay delincuentes instalados en esa
zona. Sobre la compleja realidad de orden público en la frontera,
Colprensa consultó a expertos en conflicto y defensa, que conocen la
situación y el territorio.
LA DELINCUENCIA EN COLOMBIA
El último informe conocido de la Policía Nacional señala que en los
departamentos fronterizos existen diferentes tipos de grupos al margen
de la ley: guerrilla, paramilitares y bandas criminales. El mapa
realizado por la institución da cuenta de que en La Guajira delinquen
parte de Los Rastrojos, Los Urabeños y del Clan Úsuga, como bandas
criminales, y guerrilleros de las Farc y el Eln, mientras que en Cesar
hay miembros de las Farc y de los Úsuga.
Evidencia que en Norte de Santander, donde se presenta el punto más
grave de crisis con la deportación de los colombianos acusados de
paramilitares, existe presencia de las bandas criminales Úsuga y
Rastrojos, más una fuerte presencia de Farc y ELN hacia la zona del
Catatumbo.
Y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, niega que existan
grupos paramilitares, argumentando que se trata de otras formas
criminales: "En Colombia no hay paramilitares, hay unas bandas que hacen
parte de carteles mafiosos que estamos persiguiendo".
Sin embargo Pedro Arenas, del ‘Instituto de estudios para el
desarrollo y la paz’ (Indepaz), asegura que lo que hay allí es presencia
paramilitar, solo que está disfrazada de bandas criminales, emergentes
tras el proceso de desmovilización que tuvieron las Autodefensas.
“Tristemente en la frontera sí confluyen todos estos intereses. En La
Guajira hay presencia de bandas que muchas veces son muy pequeñas y
localizadas, pero que sí juegan un papel importante en el tema de
recursos, como en Maicao. Las Farc están en la frontera, al igual que
los Urabeños o los Úsuga que son muy fuertes en La Guajira y
Magdalena”.
Además, los linderos con Santander y los de Arauca con la punta de
Boyacá han tenido al ELN. En Arauca hay, además, presencia de las Farc,
que ha dificultado las relaciones fronterizas, ya que por el puente
internacional del departamento ha habido contrabando de ganado, desde y
hacia Colombia.
Arenas también explica que en Vichada la situación es otra, debido a
que en la frontera por el Orinoco, además de bandas criminales
permanecen grupos paramilitares como el ERPAC, de alias 'Cuchillo' y
que, pese a su aparente desaparición, mantiene estructuras emergentes,
como 'Los herederos de Cuchillo' o 'Los libertadores de Vichada', que
tienen claros intereses en la frontera.
Respecto a Norte de Santander, afirmó que aunque predomina el Clan
Úsuga, hay todavía un reducto en Puerto Santander de los Rastrojos, que
se habría aliado con ‘Megateo’, exintegrante de la guerrilla EPL,
conformando la banda de los 'Megarrastrojos'.
Por ello asegura que la problemática delincuencial en la zona es
preocupante, aunque no de la forma que acusa Maduro, ya que es evidente
que toda esa delincuencia solo es posible por la permisividad de los
guardas venezolanos. “La Guardia Venezolana es señalada de permisiva y
de recibir beneficios por permitir el traspaso de artículos a Colombia;
es decir, que esa red de mercaderías venezolanas no podría existir sin
el permiso de ellos. Además, a los comerciantes venezolanos les resulta
más rentable vender esos productos en nuestro país, ya que tienen
ganancias hasta del 500 % con algunos productos”, afirma Arenas.
LA HIPÓTESIS DE LA RESPONSABILIDAD VENEZOLANA
Fuentes visitadas en Cúcuta le confirmaron a Colprensa que la crítica
situación de esta semana obedeció a problemas internos entre la Guardia
y el Ejército venezolanos.
Un habitante de la frontera que ahora está exiliado en la capital
nortesantandereana aseguró que en el Puente Internacional Simón Bolívar,
que conecta a Villa del Rosario (Colombia) con el Táchira (Venezuela),
“hay contrabando las 24 horas del día y las autoridades venezolanas son
las que están metidas de cabeza en eso”.
Manifestó tener información de que los enfrentamientos que hubo en la
frontera, días antes de que fuera declarado el cierre, habrían
obedecido a disputas entre miembros de la Guardia Nacional Bolivariana,
por el control del contrabando y el narcotráfico.
Dicha versión fue corroborada por un experto en seguridad, quien le
confirmó a Colprensa que los combates protagonizados en la frontera
sucedieron entre el Ejército venezolano y la Guardia por un problema que
tienen desde que el control del narcotráfico fue desplazado de la
segunda y se le entregó al primero.
“Hasta el 2005 las operaciones antinarcóticos en Venezuela eran
controladas por la Guardia Nacional; como ellos tenían jurisdicción
sobre esas actividades, eran quienes tenían las redes de corrupción que
usaban para enriquecer a ciertos oficiales de la misma Guardia, pero
cuando ese año el Ejército consiguió que se aprobara un decreto por el
cual podían hacer sus propias operaciones antidrogas, empezaron a
competir por el control del narcotráfico en Venezuela”, afirma el
analista, que pidió que no fuera identificado.
Asegura que debido a ese desplazamiento la Guardia ha buscado
refugiarse en otro tipo de negocios ilegales, como el contrabando que
flagela la frontera. Por eso insiste que en esta problemática los que
tienen menos responsabilidad son los colombianos, ya que “es del lado de
Venezuela donde están las mafias que son extremadamente poderosas,
porque están dentro de la Guardia y del Ejército. Mejor dicho, lo que
pasa es que allá no hay bandas, la cúpula militar es la banda”.
Ya que en ese orden de ideas a los que menos les convendría el cierre
fronterizo sería a los venezolanos, consultamos a Román David Ortiz,
director de la firma Decisive Point y asesor sobre cuestiones de riesgo
político, seguridad y defensa. Él explica que, contrario a lo que
parece, con el cierre los flujos ilegales se amplían, lucrando más a las
bandas delincuenciales, porque hay más contrabando.
Sin embargo aseguró que más allá de ese incremento del delito, la
razón real para el cierre en la Frontera es “un intento de Maduro por
enmascarar la represión contra la oposición democrática, diciendo que es
una lucha por controlar el contrabando, ya que municipios de Táchira
donde se ha declarado la Ley Marcial son gobernados por la oposición,
entonces el objetivo no es controlar el contrabando, sino crear una
condiciones para que la oposición no pueda ganar las elecciones”.
Afirmó que el presidente Maduro lleva años “inventando la historia de
que hay grupos paramilitares, utilizándola para reprimir a la oposición
democrática venezolana”. Y está de acuerdo en que “en algunas zonas hay
presencia de bandas criminales, pero es muy importante señalar que esas
actividades criminales en la frontera, estarían tanto bajo el control
de redes criminales, como de la Guarda Nacional y del Ejército
venezolanos”.
Los expertos consultado por COLPRENSA están de acuerdo en que las
personas desplazadas desde Venezuela son inocentes, estaban allí
viviendo sin tener que ver con estos conflictos. Añaden la preocupación
de que el presidente Maduro hable de paramilitares, cuando las
colaboradoras más grandes del lado colombiano para estos delitos son las
FARC, y aun así, el presidente no se refiera a ellas.
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