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sábado, 29 de agosto de 2015

Condenan a 12 años de cárcel a general (r) del Ejército por corrupción administrativa

(Fuente, EL ESPECTADOR)

Fue sentenciado por las irregularidades que rodearon la suscripción de un convenio interadministrativo por más de 876 mil de dólares entre el Fondo Rotario del Ejército y el Ministerio de Defensa.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 12 años de prisión al general en retiro Rafael Horacio Ruiz Navarro por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

El oficial en retiro fue sentenciado por las irregularidades que rodearon la suscripción de un convenio interadministrativo por más de 876 mil de dólares entre el Fondo Rotatorio del Ejército –del cual fue gerente- y el Ministerio de Defensa en diciembre de 1993.

El objetivo dicho convenio era la compra de equipos de interceptación radial conocidos como estaciones de radiogoniometría con una empresa estadounidense. Sin embargo los mismos terminaron en una bodega del Batallón de Inteligencia Técnica en Facatativá debido a que no cumplieron los requisitos esperados.

En el fallo revelado por Blu Radio se indica que el general “con criterio eminentemente subjetivo -prácticamente arbitrario, adjudicó el contrato irregularmente a Aegis Enterprises Inc., otorgándole beneficio injustificado”. Por estos hechos se ordenó la captura inmediata.
En la parte resolutiva del fallo se ordena la captura de todos los militares en retiro e igualmente compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía para determinar el origen de sus bienes.

Por estos mismos hechos se dejó en firme la condena de seis años de prisión, emitida por el juzgado 41 penal del circuito de Bogotá, a los coroneles José Gustavo Romero Amaya, Luis Alberto Guerrero Martínez y María Stella Calderón Corzo quienes hicieron parte del proceso licitatorio.
En el resuelve de la decisión se ordena la compulsa de copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía para determinar el origen de los bienes de los condenados.

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