(Fuente, Diario EL ESPECTADOR)
Igualmente se radicaron quejas ante la Procuraduría y la Contraloría
General para que se determine si se presentaron falencias en la
celebración de los convenios contractuales.
Ante el despacho del Fiscal
General, Eduardo Montealegre Lynett fue radicada una solicitud para
investigar penalmente a la politóloga Natalia Springer por las
irregularidades que se habrían presentado en la celebración de contratos
firmados con la Fiscalía General. En el documento se indica que habría
incurrido en los delitos de falsedad en documento público, prevaricato,
celebración de contratos sin los requisitos legales y concierto para
delinquir.
En este sentido se citan
las publicaciones periodísticas que indican que se habrían vulnerado los
principios básicos de la función pública y la contratación
administrativa frente a la transparencia de la entrega y ejecución de
los contratos con la firma Springer von Schwarzenberg Consulting
Services S.A.S. con la Fiscalía General, lo cual habría afectado el
patrimonio público, la moralidad administrativa, legalidad, libre
concurrencia, selección objetiva y economía.
“Dicha
contratación se realizó sin estudios previos dispuestos por las normas y
principios rectores de la contratación pública”, precisa uno de los
apartes de la denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas. En
este sentido se indica que debido al monto del contrato y los alcances
del mismo el ente investigador tenía que realizar una licitación pública
para elegir la mejor opción para la firma del convenio contractual.
Se señala que se
presentó una contratación directa e irregular “al igual que graves
incumplimientos de los mismos” por parte de la firma “constituida hace 2
años, representanta por la señora Natalia Springer –sin idoneidad
suficiente- entre ellos el contrato de prestación de servicios No. 0282
que representaría un redistribución de $17 millones diarios. Llamado de
atención que la propia Fiscalía contaba con personal idóneo para la
ejecución del mismo objeto contratado”.
“La
entrega de informes o productos contratados con Natalia Springer, no
cumplen las exigencias de los contratos conforme a lo expresado
públicamente por el supervisor del contrato, quien fuera despedido por
oponerse a aprobar dichos informes, siendo el control de dichos
contratos asumido directamente por el propio Fiscal General de la
Nación”, precisa el documentos.
En la
denuncia se pide que se cuente con la declaración de Alejandro Ramelli y
Mónica María Suárez Moscoso, jefe encargada de la Unidad Nacional de
Análisis y Contexto, así como los documentos de interventoría hechos
frente a los resultados de los contratos firmados con Springer.
Igualmente se le pidió a la Procuraduría y la Contraloría hacer una
revisión frente a dichos convenios contractuales.
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