(Fuente, Diario EL ESPECTADOR)
“El documento se fundamenta en las principales publicaciones del Centro
Nacional de Memoria” y otras razones por las cuales, en 2013, fiscales y
analistas que manejaban el caso Farc no aplaudieron el trabajo de la
firma Springer Von Schwarzenberg.
“No es útil para el desarrollo
del trabajo que se viene adelantando”: esas fueron las palabras que
Mónica María Suárez, jefe encargada de la Unidad Nacional de Análisis y
Contexto (UNAC) en diciembre de 2013, usó para resumir lo que los
fiscales y analistas de la UNAC habían observado sobre el primer informe
que la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, cuya
representante legal es Natalia Springer, le había entregado a la
Fiscalía como parte del contrato que había firmado con el ente
investigativo en 2013.
La revelación
la hizo la revista Semana este jueves 10 de septiembre, cuando el día
estaba por acabarse, divulgando de paso el documento de cinco páginas
que la fiscal Mónica Suárez le envió a
Carlos Ariel Useda, jefe de la
Oficina Informática de la Fiscalía. En ese informe, la fiscal advierte
puntualmente por qué el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg
“no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato” con respecto
al primer avance de la firma: el capítulo del secuestro.
En
ese momento, diciembre de 2013, la firma Springer Von Schwarzenberg
había entregado el primero de cuatro informes que debía elaborar como
parte de su contrato, suscrito por $895 millones con el propósito de que
la firma diera “apoyo jurídico y técnico especializado al señor Fiscal
General de la Nación para el procesamiento de datos” sobre los
siguientes crímenes: ataque al pueblo awá, secuestro, reclutamiento de
niños y adolescentes y violencia sexual. El supervisor era Montealegre o
quien él designara.
Hace poco más de un
mes, tanto el fiscal Montealegre como Springer respondieron por escrito
unos cuestionarios de El Espectador. Este diario tomó las respuestas de
ambos y las comparó con tres puntos fundamentales de este informe
interno de la Fiscalía:
Lo que dijo Natalia Springer:
“Nosotros aportamos análisis cuantitativo que ayudan a soportar su
trabajo (de la DINAC, antigua UNAC), y ofrecemos apoyo en la estrategia y
los aspectos metodológicos”.
Lo que dijo el fiscal Montealegre:
“El dilema al que nos enfrentamos era si valía la pena que la Fiscalía
arrancara prácticamente de cero en la ejecución de unas tareas
especialísimas de recolección, sistematización y análisis cuantitativo y
cualitativo de datos criminales, o si era más conveniente contratar a
un equipo externo que sabe cómo hacerlo”.
Lo que dice el informe:
“Metodológicamente el documento se fundamenta principalmente en las
publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, como Una verdad
secuestrada, Una sociedad secuestrada, y la base de datos del CNMH y
Cifras y Conceptos”.
| Lo que dijo el Natalia Springer | Lo que dijo el fiscal Montealegre | Lo que dice el informe |
| “El
trabajo de investigación que desarrollamos directamente para su
despacho (el del fiscal general) cumple con el fin de: 1. Apoyar el
trabajo que se surte en la DINAC (antigua UNAC) que en días pasados ha
iniciado el proceso de imputación por Crímenes de Guerra”. | “El trabajo que han adelantado los contratistas no es independiente de las labores de la Dinac o de otras direcciones de la fiscalía. Hay un diálogo permanente. La experiencia ha sido muy satisfactoria”. | “La falta de articulación del documento con las investigaciones adelantadas por la UNAC preocupa, en tanto la Oficina Jurídica concluyó que los productos de la firma contratista debían ser sustentados en juicio con el objeto de asegurar que con éstos sí se cumpliera con los estudios de necesidad del contrato”. |
En
ese contrato de 2013 se leen, además, varias anotaciones que no dejan
en buen lugar a una firma que se contrató porque, según le dijo el
fiscal a este diario, su idoneidad y credenciales académicas eran
irrefutables, y porque en la Fiscalía no había nadie “con calificaciones
para hacer el trabajo que ellos desarrollan”:
- 1. La firma no entregó formatos establecidos para recolección de datos y establecimiento de criterios de análisis de la información.
- 2. El informe no plasmaba actividades que exigía el contrato como análisis de datos multivariables, representación matemática de algoritmos o georreferenciación de datos.
- 3. Las justificaciones metodológicas para establecer las modalidades de secuestro no eran claras.
- 4. El hilo conductor a lo largo de todo el documento no era claro.
- 5. A las interpretaciones cuantitativas les faltaba análisis.
- 6. No se elaboró un perfil geográfico para determinar patrones y dinámicas del secuestro.
- 7. Los funcionarios de la UNAC le aclararon que ellos “siempre” habían entendido que existían sentencias condenatorias contra máximos responsables por secuestros, que lo se estaba buscando estructurar era las posibles torturas y tratos crueles, aspecto que la firma de Springer dejó de lado.
El contenido de
este reporte interno es lo más detallado que se ha conocido hasta ahora
sobre el trabajo que la firma de Springer hizo para la Fiscalía, aunque
vale aclarar que después de la entrega del capítulo secuestro debieron
hacerse tres informes más (ataques al pueblo awá, reclutamiento y
violencia sexual), cuya calidad no ha sido aún establecida públicamente.
Actualmente la Fiscalía tiene otro contrato con esa misma firma par, de
nuevo, procesamiento de datos, pero con el ELN y las Bacrim. Ese tuvo
un costo de $3.085 millones. El Espectador le ha pedido a la Fiscalía
que divulgue los resultados de 2013, pero los dos derechos de petición
que se enviaron fueron negados.
En
conversaciones informales con este diario, Natalia Springer reiteró que
era “la más interesada” en que su trabajo se hiciera público, pero
luego, en entrevista formal, señaló que lo que ella y su equipo hacían
era de seguridad nacional. El fiscal Montealegre, por su parte, señaló
también que el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg era de
carácter reservado y que sólo se conocería en los juicios contra los
máximos líderes de las Farc, porque hacerlo antes dañaría su estrategia
jurídica. Ese es, sin duda, un argumento válido. Sin embargo, este
reporte interno que divulgó la revista Semana deja muy mal parados a
todos los protagonistas de esta historia.
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