(Fuente, Diario EL TIEMPO)
María Isabel Rueda
Los
contratos millonarios sugerirían que este fiscal no era el hombre para
este cargo, porque no sabe nada de lo cual está encargado y tiene que
contratar niñeras jurídicas privadas.
Según el fiscal
Montealegre, en entrevista con EL TIEMPO, las duras críticas que ha
recibido en los últimos días se deben a que “las organizaciones
criminales están sintiendo pasos de gigante con el nuevo modelo de
investigación implementado por la Fiscalía”. Hasta donde yo sé, ni María
Jimena Duzán, ni Vicky Dávila, ni El Espectador, ni EL TIEMPO integran
ninguna ‘bacrim’, y han expuesto la verdad de la feria de contratos
millonarios que el Fiscal viene repartiendo a diestra y siniestra.
Lamentablemente, el propio Presidente, con
facultades extraordinarias, dio vía libre, en contra del concepto del
Ministro de Justicia de la época, a este desbordamiento presupuestal.
Creó 3.000 y pico de nuevos cargos, y hasta tiene contratados
embajadores y un rector de universidad sin universidad.
Entre los beneficiarios de los contratos hay
de todo. Buenos juristas, mentirosos y farsantes, cobradores de favores
al Fiscal, exmagistrados varados, compañeros de pupitre, protegidos,
compinches y hasta el inefable exjuez Baltasar Garzón, quien, ante la
prohibición de ejercer su profesión en España por faltas contra la ética
profesional, encontró en Colombia una mina de oro en asesorías:
solamente el Fiscal aparece pagándole 1.380 millones para “brindarle
apoyo técnico al Fiscal en la macrocriminalidad en contextos de justicia
transicional”. Según Montealegre, “la capacitación del defensor de
derechos humanos Baltasar Garzón (...) ya ha dado réditos palpables: del
2014 a la fecha se han dado duros golpes a 1.419 estructuras
delincuenciales”. Pregunta: si el que sabe cómo perseguir a las ‘bacrim’
es el exjuez Baltasar, ¿por qué no nombrarlo Fiscal y ahorrarnos
millones?
Ha contratado a consejeros que votaron para
ampliarle el período: con Rafael Ostau de Lafont, para “representar a la
Fiscalía cuando a ello hubiere lugar”, $ 1.380 millones. Con Bertha
Lucía Ramírez, $ 345,1 millones; con Alfonso Vargas, por “apoyo y
asesoría a su despacho”, $ 517,2 millones; con Enrique Gil Botero, “para
prevención del daño antijurídico”, $ 751,1 millones. Con Springer von
Schwarzenberg, $ 4.276,4 millones. (Ella “descubrió” en su estudio que
el secuestro de las Farc en Colombia tenía carácter sistemático). Con
excolegas de la Corte: Alfredo Beltrán, $ 551 millones para “apoyo en
temas constitucionales”, y con Manuel José Cepeda, “en defensa de las
facultades extraordinarias del presidente Santos para reformar la
Fiscalía”, $ 1.380 millones. *En fin. Que se sepa,
hasta ahora hay 28 contratos como esos por $ 10.000 millones, que
sugerirían que este fiscal no era el hombre para este cargo porque no
sabe nada de lo cual está encargado y tiene que contratar niñeras
jurídicas privadas. Es absolutamente imposible que entre los 29.000
funcionarios de planta que tiene contratados, gente excelente la
mayoría, tampoco haya nadie que sepa de eso.
Ahora el senador del Centro Democrático
Ernesto Macías lo ha citado al Congreso para un debate sobre
contratación. Muy seguramente, apoyado en el inciso, preferirá no ir,
alegando que solo los funcionarios que tengan responsabilidad política
son citables al Congreso, lo cual es cierto.
Lo que pasa es que este fiscal, en lugar de
concentrarse en la persecución del delito, resolvió transformar la
entidad a su cargo en una fuente de impulsos y orientaciones políticas
de las iniciativas del Gobierno en la formulación de una negociación de
paz, campo en el que hemos oído todo tipo de opiniones del Fiscal sobre
cómo dirigirlo y arrastrar a las fuerzas políticas hacia una concepción
sobre justicia transicional incluso contraria a la del Ejecutivo y a la
de la propia Corte Penal Internacional. Desviación que corona no solo
con la contratación a rienda suelta, sino con su intervención soslayada,
y a veces también abierta, para patrocinar a protegidos suyos para
todos los cargos imaginables de la Rama Judicial. El propio Gobierno
sacrificó a la actual secretaria jurídica de Palacio, Cristina Pardo,
cuando el Fiscal quiso llevar de magistrada a la Corte Constitucional a
quien realmente logró imponer, Gloria Stella Ortiz.
No puede ser que a los problemas inmediatos
del Presidente, como finiquitar el proceso de paz y capotear la crisis
fronteriza con Maduro, ahora se le añada el de una Fiscalía enloquecida
con la contratación, haciendo quedar muy mal a este Estado.
Entre tanto: ni Petro (Gustavo) ni Petra (Lazlo).
* Fuente: El Espectador. Los propósitos contractuales citados están resumidos, por motivos de espacio, en la versión impresa.
MARÍA ISABEL RUEDA
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