(Fuente, REViSTA SEMANA)
Por petición de Ernesto Macías y la senadora (y exfiscal general),
Comisión Primera investigara la contratación en la Fiscalía entre el
2012 y el el 2015.
La consecuencia del desplante del fiscal Montealegre al Senado
Foto: Internet
Tal como lo había advertido, el fiscal general, Eduardo Montealegre,
dejó metido al Congreso. Este martes debía comparecer, junto con los
presidentes de las altas cortes, para justificar el presupuesto que cada
una de las entidades reclama para operar el próximo año.
No se trataba de un debate de control político porque se ha descubierto
que la Constitución no contempla esta figura para el cargo de fiscal
general de la Nación. Simplemente era una audiencia para oír las
proyecciones del gasto para próxima vigencia, la cual tiene que ser
aprobada por el propio Congreso.
Desde el 2012, Eduardo Montealegre había sido el primero en acudir a
esas audiencias sobre el presupuesto general de la entidad a su cargo.
En su administración, según lo recordaron algunos parlamentarios con
buena memoria, la Fiscalía fue una de las entidades con mayor
presupuesto de la rama judicial. Incluso recordaron que se justificó en
la reforma de la entidad, que maneja una planta de personal de 25.000
funcionarios.
Como el fiscal Montealegre no fue a pedir recursos para el otro año,
varios congresistas de la Comisión primera entienden que no le dará la
cara al Congreso a rendir cuentas sobre el presupuesto gastado en lo que
va de su administración, en la que, según los senadores del Centro
Democrático, ha despilfarrado recursos públicos en por lo menos 11.500
millones de pesos.
Tras el desplante, el senador Ernesto Macías presentó una propuesta en
la que pretendía hacerle “control político” al fiscal general por la
contratación de la entidad entre el año 2012 y el 2015.
Según su colega
de bancada Jaime Amín, el Congreso sí tiene la competencia de ejercer
control sobre el presupuesto, pero no para controvertir decisiones
judiciales del fiscal, argumento con el que Montealegre dejó plantado al
Senado. Roberto Gerlein aclaró que un debate de control al fiscal sería
inconstitucional, por lo que la citación quedó reducida a invitación.
Pero Macías también pidió crear una subcomisión de congresistas para
investigar la contratación de la Fiscalía y hacer averiguaciones,
facultad que le da la Constitución al Congreso.
La senadora Viviane Morales, antecesora de Montealegre en la Fiscalía
General, no desaprovechó la oportunidad y recurriendo al artículo 137 de
la Constitución -que les da facultades a las comisiones de Congreso de
“abrir investigaciones y citar a particulares” para ejercer control
sobre los asuntos de su competencia-, pidió que sea la Comisión Primera
del Senado la que adelante la investigación.
Dicha norma señala que "cualquier comisión permanente podrá emplazar a
toda persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda
declaraciones orales o escritas, que se podrán exigir bajo juramento,
sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la
comisión adelante".
Añade el texto: "Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y
la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después
de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez días, bajo
estricta reserva. La renuencia de los citados a comparecer o a rendir
las declaraciones requeridas será sancionada por la comisión con la pena
que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las
autoridades".
Tras revisar las normas, la Comisión Primera aprobó la petición de la
exfiscal Morales, la apertura de investigación a la contratación de la
Fiscalía. Además creó una subcomisión que adelantará las tareas de
indagación, de la que hará parte el senador Macías.
Y la primera decisión fue emplazar a los 11 contratistas externos, entre
ellos la analista Natalia Springer. El cuestionario que deberán
responder será presentado en la próxima sesión de la Comisión Primera.
Lo particular del caso es que Viviane Morales, a quien Montealegre ha
atacado en los últimos días, aprovechó la oportunidad para “abrirle una
investigación”. Probablemente deba declararse impedida por su
confrontación con el fiscal.


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