(Fuente, Diario EL TIEMPO)
Foto: Archivo / EL TIEMPO
En total fueron 13 capturados por su
responsabilidad en los atentados ocurridos en Bogotá.
Revocó la medida de aseguramiento contra señalados de integrar supuesta red urbana del Eln.
El juez 44 de conocimiento revocó la medida de aseguramiento contra 13 personas que supuestamente hacían parte de una célula urbana del Eln en Bogotá y los dejó en libertad.
En julio pasado los 13 jóvenes, entre ellos varios estudiantes de la Universidad Nacional, fueron
capturados luego de ser señalados por la Fiscalía de participar el año
pasado de una serie de explosiones con petardos en Bogotá, y de entrar supuestamente 'papas bomba' a esa institución educativa para protagonizar una violenta protesta.
Hace dos meses la Fiscalía pidió su detención
justificando que "si los dejamos en libertad no solo podrían entorpecer
la investigación sobre una serie de atentados en Bogotá tratando de
influir sobre testigos, sino que además podrían poner en peligro a la
Universidad Nacional”.
Entre las personas que quedarán libres están
David Camilo Rodríguez Hernández, alias el Profe, quien según la
Fiscalía sería la cabeza de esta supuesta red urbana. Según el órgano
acusador, junto a los estudiantes universitarios Gerson Alexander
Yacumal Ruiz y Heiler Ánderson Lamprea (quienes también quedaron
libres).
La Fiscalía los señala de terrorismo y
rebelión, además de violencia contra servidor público por participar en
una violenta protesta ocurrida el pasado 20 de mayo en la Universidad
Nacional.
Por este último caso son señalados las otras
10 personas que quedaron libres; dos contratistas del Distrito y 8
estudiantes de la Nacional y la Pedagógica, quienes, de acuerdo con la
Fiscalía, serían los responsables de llevar hasta la institución
educativa 810 papas bomba, usadas en los disturbios que dejaron a nueve
policías heridos.
Uno de los casos que más polémica ha generado
es el de Paola Salgado, abogada y contratista del Hospital de Suba y
reconocida activista por los derechos sexuales de la mujer, quien
también quedará en libertad con la decisión de este viernes.
Con interceptaciones y seguimientos fotográficos,
la Fiscalía ha dicho que la abogada supuestamente se habría concertado
con otros de los detenidos para entrar los 810 explosivos a la
Universidad Nacional.
Defensores de Derechos humanos que han
protestado por este proceso han dicho en las diligencias que este es un
“falso positivo judicial” y una forma de “criminalizar las
manifestaciones estudiantiles”.


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