(Fuente, Diario EL COLOMBIANO)
Como copresidente del partido de la U, Roy Barreras radicó el proyecto de ley en el Senado de la República. FOTO colprensa
Un
plebiscito de obligatorio cumplimiento para la ciudadanía es el eje del
proyecto de ley estatutaria que presentó el Partido de la U, pensando
en un mecanismo para validar los eventuales acuerdos de La Habana.
El copresidente del movimiento, Roy Barreras, radicó ayer la iniciativa de cinco puntos en el Senado, esperando que pueda aplicarse en marzo de 2016. Según las cuentas del dirigente, en ese momento ya se habrían firmado los términos para el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc.
“Lo novedoso de esta reglamentación es que determina que la totalidad de los ciudadanos del censo electoral voten. De manera que, tratándose de un asunto tan importante, el voto para el plebiscito será obligatorio”, declaró a Colprensa el senador. Añadió que las personas que no participen tendrían que pagar una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente.
Este mecanismo de consulta popular tendría una única pregunta, en la cual los colombianos dirían sí o no a la paz, o votar en blanco.
Esta idea había sido rechazada antes por el partido Centro Democrático. El representante a la Cámara, Federico Hoyos, dijo que no tenía sentido hacer esa pregunta, pues nadie está contra la paz. A su juicio, en vez de un plebiscito, lo ideal es un referendo que incluya preguntas por cada uno de los puntos pactados con la subversión.
El referendo, sin embargo, es una propuesta que el Gobierno rechaza y que el presidente Juan Manuel Santos considera un acto “suicida”.
El proyecto de ley presentado por el Partido de la U es de carácter estatutario, lo que por reglamento acelera su discusión y votación en el Congreso. Además de necesitar la aprobación de una mayoría absoluta, requiere el estudio de la Corte Constitucional.
En el caso de que la sociedad vote “no” en la consulta, “se acaba el proceso”, según Barreras, y no se lograría la desmovilización de las Farc.
El politólogo y analista de seguridad, John Marulanda, afirma que “no sé si el mecanismo que propuso ese partido es el adecuado, pero sí estoy de acuerdo en que la sociedad debe ser consultada, para que el Estado salve su responsabilidad histórica y legal. Ojalá el Presidente (Santos) cumpla esa promesa”.
Señala que es vital que la ciudadanía conozca con claridad cada punto acordado en La Habana. “Por tratarse del futuro inmediato del país, es necesario que la opinión pública esté enterada de qué se acordó, respetando el nivel de reserva y discrecionalidad, antes de escoger el tipo de consulta para votar”.
El copresidente del movimiento, Roy Barreras, radicó ayer la iniciativa de cinco puntos en el Senado, esperando que pueda aplicarse en marzo de 2016. Según las cuentas del dirigente, en ese momento ya se habrían firmado los términos para el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc.
“Lo novedoso de esta reglamentación es que determina que la totalidad de los ciudadanos del censo electoral voten. De manera que, tratándose de un asunto tan importante, el voto para el plebiscito será obligatorio”, declaró a Colprensa el senador. Añadió que las personas que no participen tendrían que pagar una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente.
Este mecanismo de consulta popular tendría una única pregunta, en la cual los colombianos dirían sí o no a la paz, o votar en blanco.
Esta idea había sido rechazada antes por el partido Centro Democrático. El representante a la Cámara, Federico Hoyos, dijo que no tenía sentido hacer esa pregunta, pues nadie está contra la paz. A su juicio, en vez de un plebiscito, lo ideal es un referendo que incluya preguntas por cada uno de los puntos pactados con la subversión.
El referendo, sin embargo, es una propuesta que el Gobierno rechaza y que el presidente Juan Manuel Santos considera un acto “suicida”.
El proyecto de ley presentado por el Partido de la U es de carácter estatutario, lo que por reglamento acelera su discusión y votación en el Congreso. Además de necesitar la aprobación de una mayoría absoluta, requiere el estudio de la Corte Constitucional.
En el caso de que la sociedad vote “no” en la consulta, “se acaba el proceso”, según Barreras, y no se lograría la desmovilización de las Farc.
El politólogo y analista de seguridad, John Marulanda, afirma que “no sé si el mecanismo que propuso ese partido es el adecuado, pero sí estoy de acuerdo en que la sociedad debe ser consultada, para que el Estado salve su responsabilidad histórica y legal. Ojalá el Presidente (Santos) cumpla esa promesa”.
Señala que es vital que la ciudadanía conozca con claridad cada punto acordado en La Habana. “Por tratarse del futuro inmediato del país, es necesario que la opinión pública esté enterada de qué se acordó, respetando el nivel de reserva y discrecionalidad, antes de escoger el tipo de consulta para votar”.
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