(Fuente, Diario EL TIEMPO)
Varias coinciden en que lo más importante es que la guerrilla reconozca sus delitos.
La posibilidad de que
los guerrilleros que reconozcan sus delitos tengan penas restrictivas de
libertades y derechos, que no necesariamente impliquen ir la cárcel,
fue recibida con reservas por varias de las víctimas del conflicto.
Este miércoles, luego de que se conocieran los
acuerdos en materia de justicia logrados entre el Gobierno y las Farc,
las víctimas de la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y de
las bandas criminales expusieron sus puntos de vista.
El general (r) Luis Herlindo Mendieta,
quien estuvo secuestrado 12 años por las Farc y que en octubre del 2014
estuvo en La Habana junto con 11 víctimas de la violencia, aseguró ayer
que es clave que la justicia transicional que se plantee, que
podrá incluir la posibilidad de darles a guerrilleros penas que no sean
de cárcel, parta “de la satisfacción de las víctimas” en el proceso.
“Uno de los puntos más importantes es
que las Farc reconozcan a sus víctimas y el daño que han causado,
haciendo un acto de contrición, de mea culpa. En el momento en
que haya sinceridad de su parte, cuando reconozcan que han sido
victimarios, ayuden a buscar desaparecidos, entreguen a todos los
secuestrados, den garantías de reparación y no repetición, las víctimas
van a estar de acuerdo en que se les dé una pena que no implique la
prisión”, dijo Mendieta.
Una posición similar tiene Gloria Salamanca, quien lleva 9 años buscando a su hijo desaparecido por las Farc en Nariño. “Yo
acepto que los miembros de las Farc que reconozcan sus delitos no vayan
a prisión. Pero somos 7,5 millones de víctimas del conflicto,
entre ellas miles de desaparecidos. Entre el cielo y la tierra no hay
nada oculto. Yo sé que alguno de los guerrilleros debe saber qué paso
con nuestros familiares, dónde están sus restos. Queremos cerrar ese
duelo”, declaró Salamanca, quien es líder de las víctimas de
desaparición.
Propuso que una posible sanción para quienes
no sean enviados a prisión sea la obligación de “trabajar en agricultura
en las tierras donde sembraron tanto dolor”.
Entre tanto, Farid Alberto Usme, representante de la Mesa de Víctimas en Antioquia, quien fue desplazado del municipio de San Carlos en 1999 cuando los paramilitares asesinaron a 18 de sus habitantes, señaló que no es posible contemplar algún tipo de condena que no incluya la prisión.
“No estoy de acuerdo con que se les den penas
en las que no vayan a la cárcel. Quienes son acusados por crímenes de
lesa humanidad tienen que ir a prisión porque la justicia tiene que
estar por encima de cualquier acuerdo. Si no van a la cárcel, para mí
esto implicaría impunidad”.
A pesar de que en la declaración de ayer no se
habló sobre las solicitudes de extradición contra los jefes
guerrilleros por narcotráfico, el politólogo Juan Carlos Villamizar,
fundador del Fondo Internacional de Víctimas y quien también estuvo en
octubre pasado en Cuba, anticipó esa discusión. Indicó que ese delito
debería considerarse conexo al político. Así, “la extradición no tendría
por qué contemplarse”.
La senadora Clara Rojas,
quien estuvo secuestrada por la guerrilla durante seis años, aseguró que
en el tribunal que se creará para juzgar los delitos cometidos en el
conflicto “es importante que la comunidad internacional tenga presencia. Esto les da equilibrio a las discusiones”, afirmó.
Frente a las condenas que contempla el
acuerdo, aseguró que lo importante es que “haya un compromiso de no
repetición, que los responsables cumplan una pena y les ofrezcan
disculpas a las víctimas”.
Como sanción alternativa para quienes no vayan
a la cárcel, Rojas dijo que se podría pensar en que los guerrilleros
“contribuyan en algún tipo de obra importante para la sociedad”.
Ante el acuerdo para que se apliquen indultos a
quienes hayan cometido delitos menos graves, Odorico Guerra,
coordinador de la Mesa de Víctimas, señaló que esta es una alternativa
que se ha dado “en la mayoría de países en donde ha habido procesos de
paz, por lo que el proceso colombiano no podría ser ajeno a esa
posibilidad”.
“Sin embargo, se hace necesario que para
reparar las Farc devuelvan los territorios que hoy ocupan y que las
víctimas tengan la mayor importancia en los tribunales que las van a
juzgar”, dijo Guerra.
Satisfacción en varios sectores de la opinión
Luego de la declaración conjunta del Gobierno y
de las Farc sobre justicia transicional y fecha para la firma d el fin
del conflicto, ayer en La Habana, hubo una avalancha de reacciones desde
diferentes sectores de opinión a favor de lo ocurrido.
Los primeros en celebrar los anuncios fueron
los gremios, para los cuales la creación de la jurisdicción especial de
paz satisface los derechos de las víctimas y llega en un momento
histórico en el que lo importante es reconocer los errores del pasado y
comenzar a construir una nueva nación en la que quepan todos.
Los partidos políticos también salieron pronto
a celebrar los anuncios hechos ayer. Varios congresistas –de partidos
de la Unidad Nacional y de la oposición– calificaron el momento de
“histórico”, y otros que fueron víctimas del conflicto armado
manifestaron su “satisfacción” por el modelo de justicia que se acordó
entre el Gobierno y las Farc.
Los militares retirados, los cuales
representan a varios uniformados que entrarían en esta jurisdicción
especial de paz, también aplaudieron los anuncios hechos desde La Habana.
Para ellos, los guerrilleros entendieron el
clamor de los colombianos para que se le ponga fin al conflicto armado
en el país, y la partida, en esta ocasión, la ganó la paz de Colombia.
Para expertos en el tema de la paz, el acuerdo
le da mucha fuerza al proceso de La Habana, y al fijar fechas para el
fin de las conversaciones se les da esperanza al pueblo colombiano y
credibilidad a las negociaciones.
Por los lados de la Iglesia Católica también
se manifestó complacencia ante los anuncios, en los cuales el presidente
Juan Manuel Santos citó las recientes palabras del papa Francisco
cuando habló de que este no era el momento para “fracasar” en el proceso
de paz de Colombia.
Incluso desde ese credo se les hizo una
invitación a quienes se han declarado escépticos para que acompañen el
final exitoso de los diálogos de Cuba.
Las críticas de Álvaro Uribe al acuerdo
El jefe máximo del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, expresó críticas a lo acordado este miércoles
en La Habana y cuestionó que el Gobierno no les haya exigido a las Farc
acciones como la entrega del dinero producto del terrorismo.
Rodeado de varios miembros de su bancada,
Uribe leyó un listado de nueve de sus “preocupaciones
iniciales” sobre
el acuerdo anunciado ayer y sobre otros aspectos del proceso de paz.
Uribe rechazó que el Gobierno haya “aceptado” que “delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel”.
“Que el guerrillero raso no sea llevado a la
cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla,
responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas
violencias”, afirmó el jefe del principal partido de oposición al
Gobierno Nacional.
Adicionalmente, expresó reparos por lo que
denominó la “igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo”.
Manifestó que los uniformados, “que han sido respetuosos de la
democracia”, necesitan “un tratamiento digno e independiente de los
criminales”.
El expresidente también criticó que no se haya
sido “contundente” al excluir el narcotráfico de los delitos conexos al
político. “Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como
la masacre de Bojayá, el carro bomba de El Nogal o el asesinato masivo
de los diputados del Valle”, dijo.
En este sentido, cuestionó que el Gobierno “no
ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los
víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, ha aceptado la
palabra ‘dejación’, que equivale a que el terrorismo las mantenga y las
use cuando quiera”.
Previamente a la declaración desde La Habana,
el procurador general, Alejandro Ordóñez, crítico también del proceso,
había reiterado sus posiciones con respecto al mismo y había dicho que
en medio de la justicia transicional “se debe cumplir conforme a los
regímenes generales”.
Opiniones
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán
“El acuerdo satisface los derechos de las
víctimas. Esperamos que el tribunal especial sea garante y abra los
espacios para que la verdad plena se dé en cada caso”.
Bruce MacMaster, presidente de la Andi
“Este era uno de los puntos más sensibles y
seguramente será de los más debatidos, pues el país ha estado dividido
en términos de la obligación que existe o no de generar prisión, por
ejemplo, alrededor de algunos delitos”.
General Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional
“Con el nivel que ha alcanzado la negociación,
es imposible que esto retroceda. Los jefes guerrilleros han entendido
cuál es la verdadera intención de los colombianos y no pueden ser
inferiores a ese clamor”.
General Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados
“Ganó la paz esta partida. Ojalá sea para bien
del país. No se tocaron temas que son definitivos. Las Farc insisten en
la dejación y no en la entrega de las armas (...). Lo que sucedió es un
buen camino para lograr la paz”.
Monseñor Óscar Urbina, vcepresidente de la Conferencia Episcopal
“El acuerdo de justicia no implica una
venganza, sino poder reparar el mal que se ha hecho (…). Invito a los
escépticos a que tomen conciencia de que ellos también son gestores de
paz”.
Rafael Mejía, presidente de la SAC
“El acuerdo previsto para dentro de seis meses
deja abierto el camino para continuar sobre lo que ya se ha firmado,
porque hay puntos pendientes relacionados con el campo, los cultivos y
el narcotráfico”.
Andrés Pastrana, expresidente de la República
“Sobre lo que ha sucedido, el país solo puede
regocijarse. Estamos esperanzados en que las reglas de juego queden
claras, que no se afecte el modelo económico ni la confianza de los
mercados”.
Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco
“Es importante resaltar la decisión de no
amnistiar ni indultar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad o
crímenes de guerra, y bajo este anuncio, crímenes tan complejos, como
los llamados falsos positivos, podrían pasar a ser juzgados por este
tribunal”.
EL TIEMPO
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