(Fuente, EL NACIONAL Venezuela)
La Iglesia abogó por los derechos humanos de los deportados | Foto AFP
El arzobispo de Coro, monseñor Roberto Lückert, consideró una barbaridad el trato que se ha dado a los ciudadanos colombianos
La Iglesia condenó la
deportación de colombianos. El presidente de la Comisión de Justicia y
Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Roberto Lückert,
denunció atropellos a los derechos humanos de los deportados durante la
ejecución de la medida ordenada por el presidente Nicolás Maduro.
“Les
rompen las casas, les roban, los sacan como unos animales a la
frontera. Tenemos que reclamar porque eso no puede continuar”, dijo.
Calificó
de una barbaridad la situación e indicó que “la presencia de los
hermanos colombianos en Venezuela no es de ahora, ambos pueblos conviven
desde hace muchos años trasladándose a ambos lados de la frontera;
ahora deportan a los colombianos porque no sirven a los intereses del
gobierno, pero cuando interesaban en la campaña electoral traían
colombianos a votar”.
Considera que el jefe del Estado busca solventar de manera equivocada la crisis del país.
“Él
quiere resolver el problema de la inoperancia económica de este
gobierno durante 16 años a través de una medida con la cual están
exaltando el patrioterismo de algunos venezolanos”, aseveró el también
arzobispo de Coro en declaraciones a ACI prensa, divulgadas por la
Conferencia Episcopal.
Lückert se refirió al aporte de los colombianos al país.
“Si
en este momento todos los colombianos del estado de Zulia deciden irse a
Colombia, le creamos un gravísimo problema a Colombia porque no tiene
dónde acomodarlos. Y si se van, nos hacen un gravísimo problema a
nosotros porque ellos han trabajado y siguen trabajando y han
constituido familias de tres, cuatro generaciones”, expresó.
Diálogo necesario.
La primera reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela el
miércoles en Cartagena fue un preámbulo que no permitió ahondar en
salidas a la crisis, coinciden los internacionalistas Carlos Romero y
María Teresa Belandria.
“El gobierno
insiste en que los únicos actores negativos son el narcotráfico y los
paramilitares, cuando se sabe que en la frontera binacional participan
otros factores como el bandolerismo y la guerrilla. En el caso
colombiano hay muchas divergencias, está la posición del presidente
Santos y el pronunciamiento de (César) Gaviria de irse de Unasur”,
señaló Carlos Romero.
El analista
cree que para evitar una profundización del conflicto debe acordarse una
reunión entre los presidentes Maduro y Santos con la mediación de
garantes, buenos oficiantes, de la región. Criticó que pareciera que el
gobierno hubiese abandonado la bandera antiimperialista y la defensa del
Esequibo para tomar la fronteriza.
“Si
esto se trata de un trapo rojo, un lado electoral como la marcha
convocada para movilizar a la gente del PSUV, sería lamentable por las
heridas que produce esta crisis humanitaria”, argumentó Romero.
María
Teresa Belandria dijo que la solución a la situación fronteriza debe
asumirse de manera bilateral. Señaló que la reunión entre las
cancilleres fue en medio de una contingencia y que el cierre fronterizo
se hubiera evitado si aún funcionaran mecanismos institucionales como
las comisiones binacionales.
“Debe
abrirse la frontera. Ese es el punto de honor ante la crisis; las
medidas asumidas dan pie para que se agudicen los problemas que se
quieren combatir como el comercio ilegal y todos los ilícitos que allí
se producen”, destacó.
Denunciarán atropellos ante organismos internacionales
El
Partido de la U, al que pertenece el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, anunció que solicitará al sistema interamericano de
derechos humanos protección para los colombianos deportados por orden
del presidente Nicolás Maduro en el contexto del cierre de la frontera y
la declaratoria de estado de excepción en seis municipios de Táchira.
También
solicitó la inmediata retirada de Colombia de la Unasur, pues considera
que la posición de ese organismo, particularmente la de su secretario
general, el ex mandatario colombiano Ernesto Samper, no ha sido la
adecuada.
Por el lado de Venezuela la
Asociación de Legisladores del Táchira anunció que denunciarán ante la
Corte Penal Internacional las violaciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas militares y policiales en la frontera. Desde su punto de
vista, los atropellos han sido tan graves y sistemáticos que
constituyen delitos de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de
Roma. A tales efectos, preciso Walter Márquez, pedirán la colaboración
de las autoridades colombianas para que les suministren información
sobre atropellos, tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados
contra miles de inmigrantes colombianos que son deportados.
También
acordaron constituir comités de derechos humanos en los seis municipios
incluidos en el decreto de estado de excepción, el cual, denuncian,
viola la Constitución la Convención Americana de Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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