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miércoles, 23 de septiembre de 2015

Los ejes de la política contra la coca en la era 'posglifosato'

(Fuente, Diario EL TIEMPO)

Juan Manuel Santos anunció que se creará la Agencia para el Desarrollo Alternativo en zonas de Cultivos Ilícitos

Foto: Archivo / EL TIEMPO
Juan Manuel Santos anunció que se creará la Agencia para el Desarrollo Alternativo

Invertirán $ 4,8 billones para sacar de la ilegalidad a 64.500 familias que viven de narcocultivos.

A ocho días de que se suspenda, después de 30 años, el uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia, el Gobierno reveló las seis marcas de la que será la nueva ‘era’ en la lucha contra la coca.

En lo corrido del año se han fumigado 35.000 hectáreas de la mata, y se espera que en la semana larga que falta para el 1.° de octubre, la fecha límite, sean asperjadas al menos otras 2.000 hectáreas. Guaviare y Chocó (en la zona de Condoto) concentran en este momento la acción de la Policía.

El presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que la estrategia ‘posglifosato’ tendrá énfasis en la inversión social y una fortalecida política de sustitución de cultivos ilícitos (se creará la Agencia para el Desarrollo Alternativo en zonas de Cultivos Ilícitos).

A esto se sumará la intensificación de la interdicción (operaciones contra el narcotráfico); más recursos para investigación y judicialización de los altos eslabones de la cadena del narcotráfico, el rediseño de las políticas para prevenir y enfrentar el consumo de drogas y una reforma legal que impida que los menores de edad sigan siendo instrumentalizados por las bandas del microtráfico.

La nueva Agencia, que deberá estar operando antes de que termine este año, será dirigida por Eduardo Díaz, exministro de Salud y quien en los últimos meses estuvo al frente del diseño de este plan. El primer objetivo es reducir los sembradíos, que de acuerdo con la ONU suman 69.000 hectáreas, y sacar de la ilegalidad a las 64.500 familias que hoy viven de la coca. Los cálculos del Gobierno es que para desarrollar ese plan se requerirán 4,8 billones de pesos.

Una de las grandes apuestas es la sustitución a través de proyectos agrícolas sostenibles. En eso será clave el compromiso de los cultivadores. “No se trabajará familia por familia, sino de manera participativa en los territorios y sus comunidades. Se firmarán acuerdos de confianza colectivos (comunidades) e individuales”, señala la política.

Esos acuerdos tendrán un efecto inmediato: una vez se suscriban, el campesino “no podrá seguir cultivando ni cosechando coca”. Y en caso de que no exista voluntad, el Estado, a través de la Fuerza Pública y los Grupos Móviles de Erradicación, entrará a arrancar las matas ilícitas.

De esta manera se evitará que se repita lo que ocurrió en el Catatumbo (Norte de Santander), donde, pese a los acuerdos con las comunidades, los cultivos siguieron creciendo. Una de las explicaciones es que las familias cumplieron con no cosechar esta planta en sus fincas, pero muchas continuaron haciéndolo en sus alrededores y baldíos.

Para incentivar que las familias se mantengan en la legalidad, Santos anunció que si conservan esos proyectos de vocación agrícola legal luego de cinco años podrán acceder a la titulación de esas tierras. “No los vamos a dejar solos en sus negocios (…). Vamos a crear unas comercializadoras rurales que se encargarán de los centros de acopio, de la distribución y la búsqueda de mercados”, dijo Santos. Agregó que los campesinos contarán con apoyo financiero y asesoría técnica.

Una estrategia similar se aplicará para recuperar los Parques Nacionales Naturales, donde hay 5.477 hectáreas con coca. “A las comunidades que cultivan en los parques les propondremos un plan de relocalización fuera de ellos, con programas de vivienda rural y servicios, y proyectos con vocación agropecuaria”, dijo el Jefe de Estado. Además, se creará la figura de ‘Guardias Verdes’ para ayudar a proteger y recuperar miles de hectáreas de bosque y selva de santuarios ecológicos. Este plan apunta a 1.000 familias

Inicialmente el programa integral del Gobierno estará concentrado en Nariño y Putumayo, los departamentos con más sembradíos. Cauca, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander seguirán en el proyecto. En estos seis departamentos está el 81 por ciento de la coca del país. A diferencia de planes del pasado, el Gobierno asegura que se medirán los resultados de la política cada dos o tres meses.

El nuevo plan antidroga está apalancado en los resultados del proceso de paz: “Ya hemos hablado con las Farc sobre planes conjuntos para la sustitución de cultivos. Imagínense lo que esto significa: que las Farc, en vez de defender cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico, ayuden al Estado para su erradicación”, dijo Santos.

La estrategia también busca la cooperación de la comunidad internacional.

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1. Inversión social
Las zonas donde se dificulta el acceso a servicios públicos y con poca presencia del Estado son las que tienen cultivos ilícitos. En estas regiones se construirán vías, colegios, puestos de salud, alcantarillado y redes de energía.

2. Sustitución
El Gobierno buscará acuerdos con las comunidades para sustituir los cultivos ilegales. Tendrán apoyo técnico y financiero para sus proyectos agropecuarios. Si no hay consenso, la erradicación será forzosa.

3. Interdicción
La persecución a los narcotraficantes y bandas criminales continuará en manos de militares y policías. Las Fuerzas Armadas seguirán incautando coca y destruyendo laboratorios.

4. Judicialización
El Gobierno buscará nuevas herramientas legales para que los capturados por narcotráfico sean condenados. Esto, a través del proyecto de justicia rápida para delitos menores y un estatuto penal para adolescentes que son usados por las mafias.

5. Consumo
El Ministerio de Salud coordinará con otras 10 entidades del Estado un plan nacional para prevenir y atender el consumo de drogas. Esa estrategia se enfocará en la reducción de riesgos y daños.

6. Nueva entidad
Esta estrategia contra las drogas será desarrollada por una nueva entidad: la Agencia para la Sustitución de Cultivos. La institución será dirigida por el exministro de Salud Eduardo Díaz.
‘No vamos a tolerar que las familias se reúnan con el Gobierno y luego con narcos’

Eduardo Díaz Uribe, exministro de Salud del Gobierno del expresidente Virgilio Barco, es la persona que estará al frente del nuevo plan contra las drogas anunciado ayer por el presidente Juan Manuel Santos.

Díaz, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue nombrado en el gobierno del expresidente Ernesto Samper como director de la Red de Solidaridad para apoyar a la población de escasos recursos. También fue asesor de la Consejería de Paz del expresidente César Gaviria Trujillo.

Según Díaz, la nueva Agencia que dirigirá apoyará a las familias para que sustituyan los cultivos ilícitos, pero deben comprometerse a cortar definitivamente los lazos con las redes ilegales.

¿En qué se diferencia este nuevo plan del anterior?
Hay condiciones nuevas que han dado lugar a cambios y nuevos enfoques. El Gobierno busca ahora desarrollar los planes con los territorios y no abordar a las personas individualmente, como se venía haciendo. Este nuevo plan tiene en cuenta la suspensión de las aspersiones aéreas, que es un salto hacia adelante. También hay un énfasis en continuar la interdicción hacia los niveles medios y altos de las redes del narcotráfico. Este es un objetivo fundamental.

Uno de los ejes apunta a la atención integral a los consumidores…
En el pasado creíamos que este no era un tema importante, pero nos dimos cuenta de que el consumo es un problema de salud pública muy delicado. Se deben diseñar políticas para atender el consumo, y atacar la cadena productiva en los frentes más altos. Cuando el zapato aprieta, no solo aprieta en el dedo gordo.

¿Cómo está el mapa actual de los cultivos ilícitos?
En el país hay 208 municipios con presencia de cultivos ilícitos. De esos 208, hay 10 que concentran el 43 por ciento de esas siembres ilegales.

¿Cuál es la inversión prevista para esta nueva política?
La inversión necesaria en una familia podría estar cerca de los 40 millones para cinco años. Es una inversión en todos los componentes: obras, salud, educación, vías. Este es un estimativo que tenemos.

¿Cuántas familias podrían seguir dependiendo de los cultivos ilícitos?
Tenemos un estimativo de unas 65.000 familias directamente ligadas a los cultivos ilícitos.

¿Con este nuevo plan cambia el apoyo de los Estados Unidos?
No cambia. La meta que tenemos la compartimos con toda la humanidad para que Colombia no sea el primer exportador de coca en el mundo. En eso estamos totalmente alineados con las metas, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países.

¿Habrá gradualidad en la erradicación?
No. No se va a tolerar que las familias se reúnan en la mañana con delegados del Gobierno y en la tarde con las redes del narcotráfico. Si no se llega a acuerdos definitivos con las familias, pues se entrará a erradicar de manera forzosa.



























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