(Fuente, Diario EL ESPECTADOR)
El Espectador revela detalles que Alejandro Ramelli dejó consignados en
documentos ante las autoridades poco después de su salida de la
Fiscalía.
Natalia Springer, politóloga - Fiscal general Eduardo Montealegre. / Revista “Semana"- Archivo
Alejandro Ramelli Arteaga, exjefe de la Unidad de
Análisis y Contextos (Unac) de la Fiscalía, tiene parte de las claves
del escándalo por la millonaria contratación paralela en la Fiscalía.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de este diario y de otros medios
por conocer su versión sobre la accidentada bitácora del primer contrato
de la politóloga Natalia Springer, por $895 millones, Ramelli Arteaga
ha optado por el silencio. El Espectador, no obstante,
obtuvo un documento de 25 páginas en el que Ramelli consignó sus reparos
al pago del contrato. Hoy, este reporte constituye la piedra angular de
la investigación contra el fiscal Eduardo Montealegre en la Comisión de
Acusación.
El documento, fechado el 4 de junio
de 2014, es una especie de inventario del paso de Ramelli por la Unac
entre octubre de 2012 y febrero de 2014, y se dio como respuesta a una
investigación preliminar que abrió la Contraloría. A ese organismo de
control llegaron dos anónimos que, palabras más palabras menos,
señalaban que la Unac había sido un elefante blanco dentro de la
Fiscalía; que la nómina de sociólogos, politólogos, antropólogos y
analistas era un despilfarro, y que Ramelli se la pasó viaticando en
Colombia y en el extranjero. Para entonces, Ramelli llevaba cuatro meses
por fuera de la Fiscalía, había salido peleando con Montealegre, y esa
andanada le confirmó su peor temor: querían desacreditarlo por lo que
sabía.
En el documento, dirigido a Benito Rincón
Rojas, responsable de Auditoría de la Contraloría General de la
República, Alejandro Ramelli Arteaga se despachó. Lo primero que sostuvo
con respecto al Contrato 0282 de 2013, el primero suscrito por la firma
de Natalia Springer y la Fiscalía, es que jamás elaboró un estudio de
necesidad del contrato, tampoco lo avaló y mucho menos lo firmó. “De
hecho, me vine a enterar de la existencia del mismo el día en que me
notificaron mi designación como interventor”, recalcó. El exjefe de la
Unac dejó claro que tuvo múltiples reparos a esa contratación y que los
primeros informes de Natalia Springer resultaron vagos, problemáticos e
inútiles para las investigaciones que pretendían imputarles crímenes de
guerra y de lesa humanidad a la cúpula de las Farc.
La
génesis de la controversia empezó en julio de 2013, cuando el propio
fiscal Montealegre, en un documento de 10 páginas, justificó que dadas
las connotaciones del Marco Jurídico para la Paz, la Fiscalía requería
“los servicios especializados en el procesamiento de datos en casos de
crímenes excepcionales/internacionales cometidos en el marco del
conflicto armado en Colombia”. En dicho documento, firmado el 24 de
julio de 2013, Luis Eduardo Montealegre Lynett autorizó la contratación
de la firma Springer Consulting SAS, que calificó como una sociedad
consultora “cuyo equipo acredita la más amplia experiencia en
investigación, desde la perspectiva de la innovación y la solidaridad”.
Para
reiterar que no había otra firma en Colombia que hiciera el trabajo de
esa firma, y que nadie en la Fiscalía de los casi 25.000 funcionarios
podía hacerlo tampoco, el fiscal Montealegre ponderó el trabajo de
Springer, a quien presentó en estos documentos en poder de El Espectador
como PhD en justicia transicional con maestrías en derechos humanos y
de quien no olvidó decir que era “analista política de La FM de RCN
Radio y columnista del periódico El Tiempo”. Finalmente, el primer
contrato de Natalia Springer se entregó el 10 de septiembre de 2013. Ahí
empezó la pelotera.
De vuelta al documento de
Ramelli, que está revisando la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes, el exjefe de la Unac señaló al respecto: “Si bien en un
inicio fui designado como interventor, luego se me aclaró que era un
‘acompañante’, es decir, quien avalaba la calidad y utilidad del trabajo
presentado, pero que no me correspondía hacer el acta de inicio ni
ordenar los pagos. Para ello fue nombrado un interventor”. El Espectador
indagó y encontró que el 19 de septiembre de 2013, esto es, nueve días
después de la firma del contrato, la secretaria privada del fiscal,
Nitza Vidales, designó que “por instrucciones del fiscal general” se
había designado al jefe de la Oficina de Informática de la Fiscalía,
Carlos Ariel Useda Gómez, como interventor.
Hoy
mucha gente se pregunta por qué un ingeniero de sistemas, sin la
experiencia ni el conocimiento para auditar el trabajo de la firma de
Natalia Springer –que consistía en el procesamiento de datos de las Farc
para imputarles crímenes de guerra y de lesa humanidad–, terminó
vigilando uno de los proyectos consentidos del fiscal Montealegre.
Justamente la macroinvestigación que pretende imputar a los máximos
responsables de crímenes cometidos en el conflicto. Con una perla más:
según la columnista Cecilia Orozco, Useda fue durante 23 meses el
director de la Rama Judicial, con una chequera de $1,5 billones. Orozco
sostuvo que Useda tenía tantos padrinos en el Consejo de la Judicatura,
que fue “distinguido” en 2007 como magistrado auxiliar sin ser abogado.
En
el documento conocido por El Espectador, Ramelli añadió que durante su
gestión como jefe de la Unac presentó diversas observaciones a la
calidad y utilidad del primer producto entregado por la firma
contratista y enfatizó: “Jamás rendí un concepto favorable para el pago
del primer producto del contrato”. Ramelli se refería a un informe
elaborado el 24 de diciembre de 2013 por la fiscal Mónica María Suárez,
en calidad de jefa encargada de la Unac. En dicho reporte, la fiscal
Suárez sostuvo que el primer borrador que entregó Natalia Springer tenía
problemas metodológicos graves, que no se sabía cómo se habían tratado
los datos ni la procedencia de los mismos, ni de qué expedientes se
sacaron, al tiempo que criticó que sus aportes no identificaban entre
los patrones de conducta de víctimas y victimarios de las Farc, por lo
cual “no contribuye a la investigación penal adelantada por la Unac”.
En
esencia, Alejandro Ramelli Arteaga, magistrado auxiliar de la Corte
Constitucional y aspirante a ocupar el cargo de magistrado titular en
reemplazo de Mauricio González, dejó constancia de todos los enredos
provocados por el contrato de Natalia Springer. De hecho, tras los
reparos realizados en diciembre de 2013 a la firma de la politóloga, el
21 de enero de 2014, Springer les solicitó a él y a otros altos
funcionarios de la Fiscalía una reunión urgente para discutir las
observaciones recibidas y acceder al primer pago del contrato. Alejandro
Ramelli se negó a reunirse con ella hasta tanto Springer presentara
“por escrito y de forma detallada” una respuesta a las 18 críticas
realizadas por la Unac a su trabajo.
Así se
desprende de otro documento, del 23 de enero de 2014, conocido por El
Espectador, en el cual Alejandro Ramelli le recordó a Natalia Springer
una de las cláusulas de su contrato con la Fiscalía: “Acatar y aplicar
de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por
el supervisor del contrato”. Lo que siguió es historia conocida. El
fiscal general se ocupó él mismo de la interventoría del contrato, seis
días después de la solicitud de Ramelli ordenó el pago del primer avance
al mostrarse satisfecho con las explicaciones de Natalia Springer y, a
los 15 días, el 7 de febrero de ese año, se produjo la súbita renuncia
de Alejandro Ramelli.
Una cronología de hechos
que parecen contrastar la versión del fiscal, según la cual no entendió
nunca por qué se fue Alejandro Ramelli. A Cecilia Orozco en El
Espectador le dijo el domingo pasado lo siguiente: “A raíz de estas
críticas (al contrato de la firma Springer), se incorporaron las notas y
se corrigieron las observaciones hechas. Personalmente, estudié el
informe final y me pareció que se trataba de un trabajo extraordinario
por sus innovaciones metodológicas. Justamente por considerar que el
primer trabajo fue muy serio, decidí realizar nuevos contratos. En
cuanto al retiro del doctor Ramelli, año y medio después de haberlo
decidido y ejecutado, todavía no sé cuáles fueron las razones por las
cuales renunció”.
Esta
defensa de Ramelli, que quedó consignada en 25 páginas conocidas por
este diario, fue enviada a la Comisión de Acusación del Congreso desde
agosto del año pasado, acompañada de un oficio de cuatro páginas de la
Contraloría, en el que el auditor Benito Rincón resaltó las diferencias
de criterio entre Ramelli y el fiscal Montealegre respecto del trabajo
de Natalia Springer, ya que este último, en un acta también en poder de
este diario, señaló que recibía los resultados de la firma de la
politóloga “a entera satisfacción”. El auditor Rincón señaló que era
necesario “despejar cualquier duda sobre el verdadero cumplimiento del
objeto contratado” y, por tal razón, teniendo en cuenta que Montealegre
es un aforado, remitió sus reparos a la Comisión de Acusación en el
Congreso.
El caso de Natalia Springer, a quien el
fiscal Eduardo Montealegre le dio tres convenios por un valor total de
$4.276 millones, es apenas uno más de la larga lista de contratos a dedo
denunciados por este diario, muchos de los cuales, de forma
sorprendente, resultaron bajo la lupa, custodia e interventoría del
propio fiscal Montealegre. Un escándalo que derivó en ácidas columnas,
un profundo malestar en el interior del organismo y un debate de control
político que ya tiene listo el Centro Democrático. El fiscal ha
defendido sus actuaciones, pero se sigue resistiendo a compartirle a la
opinión pública los algoritmos revolucionarios de Natalia Springer.
0 comentarios:
Publicar un comentario